Las recomendaciones de ajuste fiscal impulsadas en el Oficio N°16 del Ministerio de Hacienda no constituyen una medida técnica, sino una decisión política que redefine el rol del Estado y precariza áreas estratégicas para el desarrollo del país. En el caso de la cultura y el audiovisual, estas medidas no solo reducen presupuesto: debilitan un ecosistema productivo que genera empleo, identidad, valor económico y proyección internacional. La recomendación de discontinuar el Fondo del Consejo Nacional de Televisión es especialmente grave.
No se trata de una línea más: es la principal herramienta de financiamiento para la producción televisiva nacional y el único fondo que permite producir series en Chile. Este fondo ha financiado obras emblemáticas como Los 80, 31 Minutos o Bala Loca. Su eliminación compromete la capacidad del país de producir, distribuir y sostener contenidos propios, afectando la soberanía cultural, el empleo y el acceso de las audiencias a contenidos nacionales diversos y representativos.
A esto se suman recortes ya materializados para el presupuesto 2026 en el Decreto N°351: $1.724 millones para el fondo CNTV, $2.320 millones para el IFI (un 50% del presupuesto de una línea clave para atraer inversión internacional) y $5.491 millones para el Fondo de Fomento Audiovisual, un 18%. Estos recortes afectan instrumentos con un efecto multiplicador comprobado, impactando una cadena de valor que va más allá del cine y dinamiza sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el turismo.
Las industrias creativas no son marginales: en 2025 alcanzaron un récord de exportaciones por US$ 106 millones, con el audiovisual liderando con US$ 42 millones. El sector contribuye cerca del 2% del PIB y genera más de 400 mil empleos en el país. Recortar estos instrumentos es debilitar un motor económico real, afectando directamente la vida de las personas que se dedican a este rubro.
Además de los recortes en los distintos fondos concursables, que suman más de $13.000 millones, programas como Escuelas de Rock, la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, Educación y Difusión y la Biblioteca Pública Digital aparecen propuestos para su eliminación, mientras Puntos de Cultura Comunitaria, Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras e Infraestructura Cultural enfrentarían recortes sustantivos.
El ajuste total al Ministerio de las Culturas alcanza los $51.750 millones: $36.267 millones en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, $15.382 millones en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y $100 millones en la Subsecretaría del Patrimonio Cultural. Esta magnitud confirma que no se trata de una corrección administrativa, sino de un recorte estructural que busca reducir el peso del sector cultural en la vida pública, económica y social del país.
Manifestamos también nuestra tajante oposición al artículo 71T incluido en el proyecto de ley miscelánea anunciado por el Gobierno. Esta norma permitiría el uso de obras protegidas sin autorización ni remuneración bajo fines de análisis de datos, lo que en la práctica constituye una expropiación del trabajo creativo. En un sector ya precarizado, donde existe una fragilidad financiera estructural y bajos niveles de protección de la propiedad intelectual, una excepción de esta magnitud no fomenta la innovación: la destruye. Sería el golpe final a la sostenibilidad del trabajo autoral en Chile.
No puede hablarse de desarrollo ni de innovación mientras se debilitan las condiciones básicas de creación. Las artes, la cultura y el audiovisual no son un privilegio: son desarrollo económico, empleo, especialización productiva, identidad y el derecho de las personas a acceder a contenidos que representan su realidad e identidad.
El gobierno pretende desmantelar, sin diálogo ni sustento técnico, un ecosistema construido durante décadas por distintos gobiernos, instituciones y el propio sector.
Por ello, exigimos la instalación urgente de una mesa de trabajo interministerial, con participación efectiva del sector cultural y audiovisual, que permita revisar estas orientaciones, transparentar sus fundamentos y asegurar la continuidad de programas e instrumentos fundamentales para el desarrollo cultural, económico y social del país.
Firman:
1. Che Sandoval, presidente ADG – Asociación de Directores y Guionistas de Cine de Chile.
2. Julián Rosenblatt, presidente ANIMACHI – ASOCIACIÓN GREMIAL CHILENA DE PROFESIONALES Y PRODUCTORAS DE ANIMACIÓN A.G
3. Jose Miguel Miño , Presidente ACC – Asociación Chilena de Cinematografía
4. Verónica Abarca, Presidenta NOA – Nosotras Audiovisuales
5. Alejandro Ugarte, Presidente API – Asociación de Productores Independientes de Chile
6. Cristian Valle Celedón, Presidente ADOC – Asociación Documentalistas de Chile.
7. Felipe Salinas, Presidente CLG – Chileguionistas AG
8. Directiva AMO – Alianza de montajistas de Chile
9. Oscar Godoy, Presidente de ACAD – Asociación de Continuistas y Asistentes de Dirección de Chile
10. Diego Pino Anguita, Director Ejecutivo CCDoc – Corporación Chilena del Documental
11. Fernanda Mancilla, Presidenta Gremio Los Lagos.
12. Gabriel Díaz, Presidente Academia de Cine de Chile
13. Diego Rougier. Presidente APCT – Asociación de Productores de Cine y Televisión de Chile.,
14. Dominique Rammsy, presidenta Red Salas de cine.
15. Rodrigo Zerené, presidente de Acorch – Asociación de Cortometrajistas de Chile.
16. Rodrigo Ramirez V presidente ATICC – Asociación técnicos de iluminación de cine Chile
17. Margarita Marchi, Presidenta Sinteci – Sindicato Nacional de Profesionales y Técnicos de Cine y Audiovisual.
18. Camila López Puebla, Directora VARIAS – Asociación Colectiva Artística Audiovisual – IV región
19. Michel Toledo, presidente de GraVa – Gremio audiovisual de la región de Valparaíso. 20. Roberto Rojas González, presidente de VALPO XR – Asociación Gremial de Organizaciones Desarrolladoras de Realidades Extendidas de la Región de Valparaiso
21. Sebastián Fuentes, pdte subrogante de APLOC – Asociación de Productores de Locaciones
